De una generación a otra

Si la sostenibilidad es importante en las Finanzas Públicas, no hay tema donde sea más importante que en el de los sistemas de pensiones.

A las jubilaciones todos las consideramos ahora un derecho humano, pero en realidad son un invento bastante moderno. Antes, la gente se moría bastante pronto y no las necesitaba. Si conseguía sobrevivir aún después de haber perdido su capacidad de trabajo, vivía de la fortuna que había acumulado durante su vida productiva o sino pasaba a ser dependiente de sus hijos. Así, el seguro para la vejez eran los propios ahorros o la cantidad de hijos que uno tenía.

Si dejamos aparte lo de morirse joven, cada vez menos relevante al ritmo que aumenta la esperanza de vida, cualquiera de las otras alternativas puede asimilarse a uno de los actuales sistemas de pensiones. Lo de vivir de la fortuna acumulada equivale a un sistema de capitalización, lo de ser dependiente de los hijos equivale al sistema de reparto.

En los sistemas de capitalización, cada uno ahorra para su propia jubilación en un fondo de pensiones. Estos invierten los aportes de los futuros jubilados y cuando llega el momento, devuelven esos mismos aportes más los intereses correspondientes a sus clientes. En un sistema de capitalización, por ende, uno depende nada más que de sí mismo, de su capacidad de trabajo y de ahorro para asegurarse la vejez.

En un sistema de reparto, en cambio, la gente en edad de trabajar contribuye a un fondo de pensiones común para que la gente que ya dejó el mercado de trabajo reciba un ingreso. El sistema descansa, al igual que la antigua red de seguridad entre padres e hijos, en la solidaridad intergeneracional. Los jóvenes contribuyen al sistema hoy confiando en que serán retribuidos de la misma manera mañana.

Si a mí me dan a elegir entre un sistema de jubilación de reparto y uno de capitalización nada más que por su eficiencia, diría sin ninguna duda "de reparto". Pero estaría diciendo algo un poco a las apuradas.

Lo que define la eficiencia del sistema es su tasa de retorno. En un sistema de capitalización ésta está dada en principio por la tasa de interés. En un sistema de reparto, es un poco más complicado, pero la idea general es que la tasa de retorno es la tasa de aumento de la masa salarial de la economía, esto es, el aumento en los salarios más el aumento en el empleo entre una generación y la siguiente. Parece ser que en un mundo sin fricciones la tasa de interés es superior a la tasa de aumento de la masa salarial, por lo que un sistema de capitalización sería superior a uno de reparto.

Pero como todos bien sabemos, en el mundo real sí hay fricciones. En el mundo de los sistemas de capitalización están dadas por los gastos de administración de los fondos, por la incapacidad del administrador de conseguir durante 30 años la mejor tasa de rendimiento para esos fondos y, sobre todo, por el riesgo inherente a toda inversión, como descubrieron los míticos jubilados alemanes que invirtieron en bonos de deuda argentina.

Además, hay un efecto al que se suele llamar el efecto de la doble carga que ocurre cuando un sistema de reparto se transforma en un sistema de capitalización. El Estado deja de recibir aportes jubilatorios de los que se pasan a la capitalización, pero al mismo tiempo tiene que seguir pagándole a los actuales jubilados y a los que se quedan a medio camino entre un sistema y otro. Para compensar se vería obligado a aumentar los impuestos a la generación que trabaja y está en el nuevo sistema, lo que disminuye aún más el rendimiento del sistema de capitalización.

Por otro lado, un sistema de reparto depende en forma crucial de la estructura demográfica de la población. La demografía define en gran parte la tasa de dependencia, esto es, la relación entre la población pasiva y la activa. Y digo "en gran parte" porque no es lo único. La legislación al respecto define los parámetros clave del sistema, al determinar edad de jubilación, años requeridos de aportes, años requeridos en el mercado de trabajo y detalles parecidos, determinantes también de la sostenibilidad del sistema.

En realidad, la solidaridad intergeneracional exige dos cosas. Una, por supuesto, es contribuir al sistema pagando los aportes necesarios, la otra, menos obvia para muchos, es tener la cantidad suficiente de hijos para que se mantenga la población. Y no son muchos, tampoco. Con que cada mujer tenga en promedio 2,1 hijos el problema queda solucionado. Pero mucha gente no lo piensa de esa manera. Yo cada vez que escucho treintañeros protestando sobre los hijos de los otros y diciendo tan sueltos de cuerpo que no van a tener hijos para disfrutar la vida, viajar, estudiar o lo que sea, pienso que entonces se los debería obligar a salir del sistema de reparto o permanecer con la condición de pagar el doble de aportes.


Como se ve en la figura, en Argentina el problema demográfico no es tal, por suerte. Las argentinas -aunque no las porteñas, que son las free-rider del modelo- tienen algo más de los 2,1 hijos necesarios y la población sigue creciendo. Aunque la población envejece, lo hace a un ritmo bastante menor que en otros países. El problema, como ya hemos visto por acá, es que muy poca gente trabaja y una gran parte de los pocos que trabajan lo hacen en negro. Ninguno de estos dos grupos contribuye al sistema.

El otro gran problema que tiene el sistema argentino son algunos de sus parámetros. Entre ellos que la gente entra al mercado formal de trabajo bastante tarde y se jubila demasiado temprano. Así, contribuye durante pocos años y los aportes no alcanzan para pagar las jubilaciones.

Por último, el Estado argentino no sabe aprovechar las ventajas administrativas y financieras que ofrece un sistema de reparto en un país con población joven con respecto a un sistema de capitalización. Y además trata a los fondos de pensiones irresponsablemente. Los fondos de pensiones de sistemas de reparto deben tratarse en forma asimétrica y con mucho respeto; pueden ser compensados, si necesario, con impuestos generales, para garantizar un nivel adecuado de ingresos a los jubilados, pero jamás, jamás deben usarse en lugar de los impuestos generales para financiar gastos corrientes o de inversión.

Los fondos de pensiones públicos son para pagar jubilaciones, no para construir caminos, usinas o cloacas. Es lo menos que se le debe a los jubilados argentinos del presente y del futuro después de todas las incertidumbres que se han visto obligados a soportar con los vaivenes de los cambios de sistemas.