La Comisión por la Verdad Estadística (o cómo Morenito terminará preso)

La situación de las estadísticas públicas llegó a un nivel tan grave que hasta los economistas del Plan Fénix se acordaron de que asegurar la credibilidad de las estadísticas es un deber del Estado. Una pena que lo hayan notado recién el 30 de Abril de 2009 – ¿significa que no era necesaria cuando se desplazó a la gente del IPC, o al equipo de la EPH? Como muchos analistas y periodistas vienen señalando hace rato, la intervención del instituto es el equivalente funcional de una privatización alla Menem, donde se cercena la provisión de un bien público de calidad para dejarlo en manos del marcado, pero el Fénix no piaba.
La Ciencia Maldita comenta un excelente post del Economista Serial Crónico (con apéndice incluido), que hace una revisión de los dibujos del INDEC de Moreno, realizados por gente que claramente no entendía que las estadísticas nacionales son un sistema interconectado en el que no se puede modificar un elemento sin alterar el conjunto. Una versión más sencilla de estas incoherencias está en las entretenida serie de notas de Ismael Bermúdez en Clarín, que debe contar con una buena fuente en el ex equipo IPC. Bermúdez señalaba ya en 2007 las inusuales brechas entre precios mayoristas y minoristas, que derivaron en verdaderos rompecabezas económicos, como los verduleros compran caro y venden barato en Abril de 2008, dignos de ser mencionados en las anomalías de Thaler de no tener un origen mucho más patético (pero no dignos de un pedido de normalización del Fénix en ese momento).

El Economista Serial termina su post preguntándose: ¿Será este tipo de cálculos, o sofisticaciones del mismo corroboradas por “expertos”, aceptado como prueba en un juicio penal contra estos delincuentes? Este tipo de preguntas nos lleva a la reflexión de que es ya inevitable que se conforme, en el futuro, una “Comisión de la Verdad Estadística”, como sugirió Gil Lavedra en el acto de lanzamiento de la nueva Alianza (disculpen pero esto es como Canning y Scalabrini Ortiz…).

Protestas y presentaciones ante la Justicia como la de investigadores e instituciones, coordinada por el CELS, fueron un factor determinante para la negativa del Fondo Monetario a otorgar a la Argentina préstamos de su nueva línea flexible (reservo la fuente). Pero ¿Quiénes tendrían que integrar una comisión de este estilo? ¿Qué hacer con sus resultados?

Sin duda, debería haber una amplia participación universitaria, como sugiere el repentinamente memorioso Fénix, así como de miembros del sistema nacional de ciencia y tecnología (aunque por una cuestión de decoro y por sus problemas de memoria los Fénixes deberían abstenerse). Seguramente habría un lugar para la CEPAL, cuyo director de estadística es Luis Beccaria, del activo grupo de ex directores del INDEC. También habría lugar para los institutos de la región a través de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL

Quedan otras cuestiones por dilucidar: ¿Qué otros grupos – corporaciones deberían participar? ¿Qué mecanismos podrían establecerse para intentar establecer la independencia del INDEC a futuro, pero sin que eso derive en las prácticas del viejo INDEC, que tenía poco contacto con la comunidad académica nacional? (A modo de ejemplo, el INDEC dificultó siempre el acceso a microdatos de los Censos de población, que están ahora disponibles… a través del IPUMS de la Universidad de Minnesota!).

Pero tampoco es fácil pensar en qué hacer con los hallazgos de esta eventual comisión. Sería fantástico que haya condenas penales, pero un riesgo importante sería la avalancha de juicios de tenedores de bonos ajustados con CER, entre muchos otros. Y señor Moreno, no estamos hablando sólo de especuladores: jubilados, cesanteados, ex presos políticos y familiares de desaparecidos cobran todos indemnizaciones con este tipo de instrumento. ¿Y a quién se compensaría? ¿Al tenedor original de un bono que se devaluó? ¿Al que vendió antes de la Comisión? ¿Y los acreedores de deudas pesificadas? Es importante lograr reestablecer la verdad histórica, pero probablemente tendrá que haber algún tipo de limitación a las consecuencias legales de los hallazgos de la Comisión. Lo importante es que el temor frente a este tipo de consecuencias no limite la búsqueda de la verdad y el castigo a quienes desde el Estado tergiversaron información pública.