Democracia, equidad y eficiencia

Raro festejar los 25 años en un contexto como el que estamos viviendo – crisis mundial, riesgos por todos lados – aunque igual sea lindo. Durante los últimos años, llegaron al poder gobiernos de izquierda o centroizquierda en varios países latinoamericanos, también en algunos de los más grandes, como Brasil, Argentina o Venezuela y uno puede hacerse ilusiones que el continente más injusto del planeta mejore un poco.

Sin embargo, estos gobiernos de izquierda no son todos lo mismo. Tenemos los gobiernos populistas – variantes del tradicional nacionalismo popular como en Argentina o un poco más novedosas, como en Venezuela, Bolivia o Ecuador y – toda una novedad para América Latina – los gobiernos de tipo socialdemocrático en Brasil, con Lula, en Chile, con Lagos y Michelle Bachelet y en Uruguay, con Tabaré Vazquez.

El corazoncito de esta señora está, vaya la novedad, más cerca de estos últimos. Como medio para conseguir una sociedad más justa parecen ser más exitosos y son, claramente, más democráticos.

Y una se pregunta por qué ahí es posible y en Argentina, no. Una posible respuesta es la fortaleza institucional de sus partidos políticos en particular y de sus sistemas políticos en general. Los tres partidos políticos que lideran estos procesos son partidos con mucha historia, el más antiguo es el Partido Socialista chileno que fue creado en 1933, el más joven el Partido de los Trabajadores creado en 1980. Los tres sobrevivieron las etapas autoritarias y se curtieron en la oposición y la conducción sindical. Además, tienen mucha experiencia parlamentaria y son respetados por la sociedad en tanto partidos políticos. En general, todo el sistema político, incluyendo los procesos electorales, es muy estable, y los ciudadanos lo valoran como mecanismo de resolución de conflictos y de representación democrática. En Argentina, en cambio, está un poco desprestigiado.

La otra característica es el grado de competencia democrática en los tres países comparados con otros países de la región. La competencia democrática se mide por el grado de volatilidad electoral dado por la variación en la cantidad de bancas que obtienen los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Cuanto menor es esta variación, menor es la volatilidad y más fuerte la competencia. Otra medida de competencia es la alternancia de los partidos en el poder y el margen de victoria, esto es la cantidad de diputados del oficialismo respecto a la oposición. Cuanto menor es este margen de victoria, mayor es la competencia.

Teniendo en cuenta esos indicadores, se ve que el grado de competencia democrática durante el período 1989-2007 fue mayor en Chile seguido por Brasil y Uruguay y menor en Venezuela. Al mirar la evolución histórica del indicador en dos grupos de países, los países con gobiernos socialdemocráticos por un lado y los países con otros gobiernos de izquierda por otro, vemos que la competencia democrática se mantiene estable durante todo el período en el grupo compuesto por Chile, Brasil y Uruguay, mientras que en el grupo compuesto por Argentina, Bolivia, Panamá y Venezuela se mantiene al mismo nivel hasta el 2002 y después cae, bastante abruptamente.

En resumen, daría la impresión que estos procesos socialdemocráticos se dan en países donde la institucionalización del sistema político y la competencia electoral son más fuertes, mientras que los procesos nacional-populares o populistas son más frecuentes en países con instituciones políticas más débiles, menos competencia democrática y con un partido político que predomina sobre los demás.

Hay bastante gente que me reprocha pretender para Argentina un modelo europeo que no se adaptaría a nuestra idiosincrasia y nuestra historia. Nunca vi del todo por qué no lo haría, más que por una especie de resignación a que el pasado nos condene. En todo caso, tanto en Europa como en América Latina, la clave es la búsqueda de la reducción de las desigualdades y el aumento de los derechos sociales en un contexto de democracia representativa y de economía de mercado. Después de todo, la esencia de la socialdemocracia es la reforma democrática del capitalismo en provecho de la justicia social y la igualdad, para aprovechar el potencial creativo de riqueza del capitalismo sin descuidar los derechos de todos.

Pero la socialdemocracia, el modelo más exitoso del planeta en los dos aspectos que discutimos los economistas, equidad y eficiencia, ¿es nomás un privilegio para gente rubia y de ojos celestes que crece a las orillas del mar Báltico? Me niego a creerlo y los ejemplos de España, Chile, Uruguay y Brasil son una buena señal. Aunque, por ahora, las tres características básicas de la socialdemocracia, el Estado de Bienestar amplio y universal, los altos niveles de sindicalización y las negociaciones colectivas tripartitas parecen ser una exclusividad europea.

¿Por qué no fue esto posible en América Latina? Hay tres posibles explicaciones. En primer lugar, el tipo de industrialización que tuvo lugar en América Latina no creó un sector manufacturero tan amplio ni potente como en Europa Occidental. Por eso, la democracia social de América Latina no será el resultado político de una industrialización intensiva, sino que podría venir de la mano de los trabajadores rurales o del sector de servicios urbanos.

La segunda condición es la fragmentación de los mercados de trabajo latinoamericanos: un altísimo grado de informalidad que va desde un mínimo de 30% en Chile y Costa Rica a un máximo de 60% en Bolivia, mucho cuentapropismo con diferentes niveles de ingreso y la separación habitual entre trabajadores de cuello blanco y azul en el sector formal. Así que el actor del nuevo proyecto socialdemócrata latinoamericano es demasiado diverso comparado con el europeo y por eso más difícil encontrar los intereses comunes.

Por último, una gran diferencia es que los proyectos socialdemócratas latinoamericanos se dan en pleno proceso de globalización. La construcción del Estado de Bienestar europeo y las políticas industriales que la acompañaron pudieron ser más independientes de los mercados globales, con controles financieros y políticas monetaria y fiscal autónomas. Las condiciones para financiar al Estado a través de impuestos y contribuciones sociales en la actualidad son mucho más complicadas.

Pero sin embargo, pese a las dificultades, algunos gobiernos lo están intentando y aunque los esfuerzos sean incipientes, es un intento que vale la pena. Los contrastes sociales en América Latina, la polarización y la exclusión social son asuntos demasiado graves como para dejar que se resuelvan sin el accionar de un Estado eficaz y, sobre todo, democrático.

Que los próximos 25 años nos encuentren en un continente más justo y ¿socialdemócrata?