Por lo que señalan versiones de prensa, el gobierno nacional estaría a punto de lanzar un programa de empleo de emergencia para paliar la situación social. Es un paso positivo en el sentido de que se estaría admitiendo la crisis económica y su impacto social.
Pero analicemos brevemente qué propone el gobierno. Frente a los reclamos de expansión de los subsidios a hogares pobres e indigentes (como la apertura del Plan Familias o la universalización de las asignaciones familiares), el gobierno nacional lanzará un plan de empleo para cooperativas por 9000 millones de pesos - asumimos que anuales. El programa fue diseñado por la ministra no-pseudo-experta, quien señaló alguna vez que los hogares pobres no quieren subsidios sino talleres de costura. Como señala la nota de la Nación, el argumento parece imbatible: "Este plan es inverso a la universalización. ¿Vos qué preferís? ¿Que te den un subsidio o que te den trabajo?"
Pero hablemos de dimensiones. 9000 millones de pesos por año alcanza para un subsidio mensual de 250 pesos para 3 millones de hogares (virtualmente todos los hogares pobres, dependiendo de las medidas), o de 500 pesos para 1.5 millones de hogares (todos los indigentes, aprox.).
Por supuesto que generar empleos genuinos sería mejor. Asumamos por un minuto que con este programa se logra el objetivo. ¿Pero cuántos puestos? La nota de La Nación habla de "al menos 100.000 puestos de trabajo". Serían puestos de monotributo social, a 1400 pesos cada uno. Por doce meses, 100.000 puestos da 1.680 millones. ¿En qué se gasta el resto de los 9000? ¿En materiales? Aún contando con un espectacular efecto multiplicador (y confiando en que el derrame llegue a los más pobres en un contexto de crisis), los números no cierran.
1.5 millones de hogares a $500 vs 100.000 hogares a $1400: no hay dónde perderse.
El segundo problema, por supuesto, es el de qué empleos se generan. Si la hermana ministra logra talleres de costura competitivos con China en condiciones de trabajo dignas, debería por el bien de la sociedad retirarse y fundar el Zara argentino.
Por supuesto, es poco creíble que el gobierno tenga esa suma de dinero, o que teniéndola la dedique a los pobres, habiendo tantas alternativas de gasto en los no pobres. Parece, a todas luces, un cuento chino.
PD: el blogger que suscribe este post se disculpa por la falta de regularidad en sus posteos!
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jueves, 13 de agosto de 2009
viernes, 29 de mayo de 2009
Crédito ¿donde es debido?
O en cipayo: credit where it's due?
Los economistas solemos utilizar el truco de las preferencias reveladas: inferir preferencias de las elecciones realizadas. El año pasado, con la eliminación de la "tablita", tuvimos un ejemplo de manual de reforma impositiva regresiva: le bajamos los impuestos a los asalariados de los deciles 9 y 10 (un cálculo a mano alzada indicaba que con esa reducción se podía financiar un subsidio de 49 pesos por mes durante un año a los 2 millones 280 mil niños pobres e indigentes de 0 a 13 años en 2006).
El reciente anuncio de Cristina Fernández sobre préstamos hipotecarios continúa esta tradición de la redistribución del piripipipí, o de la sensación de redistribución, o del relato de la redistribución, o de lo que fuera, pero no la redistribución de manual que hace sacarle a los ricos para darle a los pobres. Utilizando los últimos datos no contaminados del INDEC (y en todo caso la contaminación en esto va a favor del gobierno), vemos que más del 60% de los hogares urbanos argentinos ganaban menos de 2000 pesos, el límite inferior de ingresos para el nuevo plan. Ajustando esos ingresos con algo de vudú y datos de inflación provincial, podemos afirmar que en 2009 más del 40% de los hogares no llega a ese límite inferior. Así que se revela quién importa realmente: “Con este plan que ponemos en marcha vamos a cumplimentar el 5% para viviendas para todos los argentinos”. ¿Todos?
Y no me vengan con el verso de los multiplicadores. Los pobres gastan el 100% de su ingreso, así que podríamos darle la plata directo a ellos. Como indicó en el lanzamiento la presidenta: "es un día absolutamente argentino". Indeed.
Del INDEC, último dato no manipulado:
Las cuotas según Clarinete:
Los economistas solemos utilizar el truco de las preferencias reveladas: inferir preferencias de las elecciones realizadas. El año pasado, con la eliminación de la "tablita", tuvimos un ejemplo de manual de reforma impositiva regresiva: le bajamos los impuestos a los asalariados de los deciles 9 y 10 (un cálculo a mano alzada indicaba que con esa reducción se podía financiar un subsidio de 49 pesos por mes durante un año a los 2 millones 280 mil niños pobres e indigentes de 0 a 13 años en 2006).
El reciente anuncio de Cristina Fernández sobre préstamos hipotecarios continúa esta tradición de la redistribución del piripipipí, o de la sensación de redistribución, o del relato de la redistribución, o de lo que fuera, pero no la redistribución de manual que hace sacarle a los ricos para darle a los pobres. Utilizando los últimos datos no contaminados del INDEC (y en todo caso la contaminación en esto va a favor del gobierno), vemos que más del 60% de los hogares urbanos argentinos ganaban menos de 2000 pesos, el límite inferior de ingresos para el nuevo plan. Ajustando esos ingresos con algo de vudú y datos de inflación provincial, podemos afirmar que en 2009 más del 40% de los hogares no llega a ese límite inferior. Así que se revela quién importa realmente: “Con este plan que ponemos en marcha vamos a cumplimentar el 5% para viviendas para todos los argentinos”. ¿Todos?
Y no me vengan con el verso de los multiplicadores. Los pobres gastan el 100% de su ingreso, así que podríamos darle la plata directo a ellos. Como indicó en el lanzamiento la presidenta: "es un día absolutamente argentino". Indeed.
Del INDEC, último dato no manipulado:
Las cuotas según Clarinete:
domingo, 17 de mayo de 2009
La Comisión por la Verdad Estadística (o cómo Morenito terminará preso)
La situación de las estadísticas públicas llegó a un nivel tan grave que hasta los economistas del Plan Fénix se acordaron de que asegurar la credibilidad de las estadísticas es un deber del Estado. Una pena que lo hayan notado recién el 30 de Abril de 2009 – ¿significa que no era necesaria cuando se desplazó a la gente del IPC, o al equipo de la EPH? Como muchos analistas y periodistas vienen señalando hace rato, la intervención del instituto es el equivalente funcional de una privatización alla Menem, donde se cercena la provisión de un bien público de calidad para dejarlo en manos del marcado, pero el Fénix no piaba.
La Ciencia Maldita comenta un excelente post del Economista Serial Crónico (con apéndice incluido), que hace una revisión de los dibujos del INDEC de Moreno, realizados por gente que claramente no entendía que las estadísticas nacionales son un sistema interconectado en el que no se puede modificar un elemento sin alterar el conjunto. Una versión más sencilla de estas incoherencias está en las entretenida serie de notas de Ismael Bermúdez en Clarín, que debe contar con una buena fuente en el ex equipo IPC. Bermúdez señalaba ya en 2007 las inusuales brechas entre precios mayoristas y minoristas, que derivaron en verdaderos rompecabezas económicos, como los verduleros compran caro y venden barato en Abril de 2008, dignos de ser mencionados en las anomalías de Thaler de no tener un origen mucho más patético (pero no dignos de un pedido de normalización del Fénix en ese momento).
El Economista Serial termina su post preguntándose: ¿Será este tipo de cálculos, o sofisticaciones del mismo corroboradas por “expertos”, aceptado como prueba en un juicio penal contra estos delincuentes? Este tipo de preguntas nos lleva a la reflexión de que es ya inevitable que se conforme, en el futuro, una “Comisión de la Verdad Estadística”, como sugirió Gil Lavedra en el acto de lanzamiento de la nueva Alianza (disculpen pero esto es como Canning y Scalabrini Ortiz…).
Protestas y presentaciones ante la Justicia como la de investigadores e instituciones, coordinada por el CELS, fueron un factor determinante para la negativa del Fondo Monetario a otorgar a la Argentina préstamos de su nueva línea flexible (reservo la fuente). Pero ¿Quiénes tendrían que integrar una comisión de este estilo? ¿Qué hacer con sus resultados?
Sin duda, debería haber una amplia participación universitaria, como sugiere el repentinamente memorioso Fénix, así como de miembros del sistema nacional de ciencia y tecnología (aunque por una cuestión de decoro y por sus problemas de memoria los Fénixes deberían abstenerse). Seguramente habría un lugar para la CEPAL, cuyo director de estadística es Luis Beccaria, del activo grupo de ex directores del INDEC. También habría lugar para los institutos de la región a través de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
Quedan otras cuestiones por dilucidar: ¿Qué otros grupos – corporaciones deberían participar? ¿Qué mecanismos podrían establecerse para intentar establecer la independencia del INDEC a futuro, pero sin que eso derive en las prácticas del viejo INDEC, que tenía poco contacto con la comunidad académica nacional? (A modo de ejemplo, el INDEC dificultó siempre el acceso a microdatos de los Censos de población, que están ahora disponibles… a través del IPUMS de la Universidad de Minnesota!).
Pero tampoco es fácil pensar en qué hacer con los hallazgos de esta eventual comisión. Sería fantástico que haya condenas penales, pero un riesgo importante sería la avalancha de juicios de tenedores de bonos ajustados con CER, entre muchos otros. Y señor Moreno, no estamos hablando sólo de especuladores: jubilados, cesanteados, ex presos políticos y familiares de desaparecidos cobran todos indemnizaciones con este tipo de instrumento. ¿Y a quién se compensaría? ¿Al tenedor original de un bono que se devaluó? ¿Al que vendió antes de la Comisión? ¿Y los acreedores de deudas pesificadas? Es importante lograr reestablecer la verdad histórica, pero probablemente tendrá que haber algún tipo de limitación a las consecuencias legales de los hallazgos de la Comisión. Lo importante es que el temor frente a este tipo de consecuencias no limite la búsqueda de la verdad y el castigo a quienes desde el Estado tergiversaron información pública.
La Ciencia Maldita comenta un excelente post del Economista Serial Crónico (con apéndice incluido), que hace una revisión de los dibujos del INDEC de Moreno, realizados por gente que claramente no entendía que las estadísticas nacionales son un sistema interconectado en el que no se puede modificar un elemento sin alterar el conjunto. Una versión más sencilla de estas incoherencias está en las entretenida serie de notas de Ismael Bermúdez en Clarín, que debe contar con una buena fuente en el ex equipo IPC. Bermúdez señalaba ya en 2007 las inusuales brechas entre precios mayoristas y minoristas, que derivaron en verdaderos rompecabezas económicos, como los verduleros compran caro y venden barato en Abril de 2008, dignos de ser mencionados en las anomalías de Thaler de no tener un origen mucho más patético (pero no dignos de un pedido de normalización del Fénix en ese momento).
El Economista Serial termina su post preguntándose: ¿Será este tipo de cálculos, o sofisticaciones del mismo corroboradas por “expertos”, aceptado como prueba en un juicio penal contra estos delincuentes? Este tipo de preguntas nos lleva a la reflexión de que es ya inevitable que se conforme, en el futuro, una “Comisión de la Verdad Estadística”, como sugirió Gil Lavedra en el acto de lanzamiento de la nueva Alianza (disculpen pero esto es como Canning y Scalabrini Ortiz…).
Protestas y presentaciones ante la Justicia como la de investigadores e instituciones, coordinada por el CELS, fueron un factor determinante para la negativa del Fondo Monetario a otorgar a la Argentina préstamos de su nueva línea flexible (reservo la fuente). Pero ¿Quiénes tendrían que integrar una comisión de este estilo? ¿Qué hacer con sus resultados?
Sin duda, debería haber una amplia participación universitaria, como sugiere el repentinamente memorioso Fénix, así como de miembros del sistema nacional de ciencia y tecnología (aunque por una cuestión de decoro y por sus problemas de memoria los Fénixes deberían abstenerse). Seguramente habría un lugar para la CEPAL, cuyo director de estadística es Luis Beccaria, del activo grupo de ex directores del INDEC. También habría lugar para los institutos de la región a través de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
Quedan otras cuestiones por dilucidar: ¿Qué otros grupos – corporaciones deberían participar? ¿Qué mecanismos podrían establecerse para intentar establecer la independencia del INDEC a futuro, pero sin que eso derive en las prácticas del viejo INDEC, que tenía poco contacto con la comunidad académica nacional? (A modo de ejemplo, el INDEC dificultó siempre el acceso a microdatos de los Censos de población, que están ahora disponibles… a través del IPUMS de la Universidad de Minnesota!).
Pero tampoco es fácil pensar en qué hacer con los hallazgos de esta eventual comisión. Sería fantástico que haya condenas penales, pero un riesgo importante sería la avalancha de juicios de tenedores de bonos ajustados con CER, entre muchos otros. Y señor Moreno, no estamos hablando sólo de especuladores: jubilados, cesanteados, ex presos políticos y familiares de desaparecidos cobran todos indemnizaciones con este tipo de instrumento. ¿Y a quién se compensaría? ¿Al tenedor original de un bono que se devaluó? ¿Al que vendió antes de la Comisión? ¿Y los acreedores de deudas pesificadas? Es importante lograr reestablecer la verdad histórica, pero probablemente tendrá que haber algún tipo de limitación a las consecuencias legales de los hallazgos de la Comisión. Lo importante es que el temor frente a este tipo de consecuencias no limite la búsqueda de la verdad y el castigo a quienes desde el Estado tergiversaron información pública.
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