Democracia delegativa

Pocas aportaciones tan cargadas de sentido a la teoría de la democracia en América Latina como las que ha realizado Guillermo O'Donnell. A él se deben conceptos como el de "estado burocrático -autoritario" para describir las dictaduras de los 70 o el de "democracia delegativa" para describir, entre otras, esta rara avis que son las nuevas democracias latinomericanas nacidas en los 80 y los 90, sometidas a la herencia del autoritarismo, la tentación del caudillismo, el desgarro de la desigualdad social y el azote de la corrupción sistémica. Ambos conceptos han sido luego utilizados y revisados por numerosos politólogos en todas partes.

Su primer estudio sobre la "democracia delegativa" (en inglés) puede leerse aquí. Para los que no conozcan el trabajo de O'Donnell, también pueden leerse (en castellano) sus estudios sobre La irrenunciabilidad del estado de derecho y La accountability horizontal y (en inglés) Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin America.

Ante el anuncio de adelantar las elecciones y las expectativas que refleja una reciente encuesta de Gallup, hay varios párrafos de este primer estudio sobre la "democracia delegativa" que llaman la atención. Ahí van las reflexiones de O'Donnell:

1.- Las democracias delegativas se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él o ella crea conveniente, sólo restringida por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato. El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses. Las medidas de gobierno no necesitan guardar ningún parecido con las promesas de su campaña: ¿acaso no fue el presidente autorizado a gobernar como él creía mejor? Puesto que se supone que esta figura paternal ha de tomar a su cuidado el conjunto de la nación, su base política debe ser un movimiento, la superación vibrante del faccionalismo y los conflictos asociados con los partidos. Típicamente, en las democracias delegativas los candidatos presidenciales victoriosos se ven a sí mismos como figuras por encima de los partidos políticos y de los intereses organizados. ¿Cómo podría ser de otra forma tratándose de alguien que se dice, y se cree, la síntesis del conjunto de la nación? Desde esta perspectiva, otras instituciones (los tribunales de justicia y los parlamentos, entre otras) son sólo estorbos que desgraciadamente acompañan a las ventajas domésticas e internacionales resultantes de ser un presidente democráticamente elegido. La accountability ante estas instituciones es vista como un mero impedimento de la plena autoridad que se ha delegado al presidente. [Nota del autor: La accountability es la idea de que los gobernantes están sujetos a la obligación de rendir cuentas de su gestión y responsabilizarse legal y políticamente por ella, no sólo en el momento de las elecciones sino continuamente, frente a diversas organizaciones sociales y públicas. La carencia de una palabra que designe este concepto es todo un símbolo.]

2.- Es necesario ahora analizar lo que diferencia la democracia representativa de su prima delegativa. La representación incluye necesariamente un elemento de delegación: por medio de cierto procedimiento, una colectividad autoriza a ciertos individuos a hablar por ella y, con ciertas salvedades, se compromete a aceptar lo que decida el representante. En consecuencia, la representación y la delegación no son oposiciones polares; no siempre es fácil realizar un corte claro entre el tipo de democracia que se organiza alrededor de la "delegación representativa" y el tipo en que el elemento delegativo eclipsa al representativo. La representación implica accountability: de alguna manera, el representante es responsable por sus acciones ante quienes lo autorizaron a hablar en su nombre. En las democracias institucionalizadas, la accountability no es sólo vertical (es decir, la implicada en el hecho de que periódicamente los gobernantes deben rendir cuentas ante las urnas) sino también horizontal. Ella opera mediante una red de poderes relativamente autónomos (es decir, instituciones) que pueden examinar y cuestionar y, de ser necesario, sancionar actos irregulares cometidos durante el desempeño de los cargos públicos. La representación y la accountability conforman la dimensión republicana de la democracia: la existencia y vigencia de una clara distinción entre los intereses públicos y privados de los funcionarios. La accountability vertical, junto con la libertad de formar partidos y tratar de influir sobre la opinión pública, forma parte tanto de la democracia representativa como de la delegativa. Pero la accountability horizontal característica de la democracia representativa no existe o es extremadamente débil en las democracias delegativas. Más aún, puesto que los presidentes delegativos ven a las instituciones que efectivizan la accountability horizontal como impedimentos contra su "misión", hacen persistentes esfuerzos por trabar su funcionamiento.

3.- El suyo es el gobierno de salvadores de la patria. Esto conduce a un estilo mágico de hacer política. El "mandato" delegativo supuestamente conferido por la mayoría, una firme voluntad política y el conocimiento técnico deberían bastar para que el salvador cumpla su misión: los "paquetes" se deducen como un corolario. Cuanto más prolongada y profunda es una crisis y cuanto menor es la expectativa de que el gobierno podrá paliarla, más racional resulta para todos los involucrados actuar: 1) de un modo altamente desagregado, especialmente en relación con las agencias estatales que pueden contribuir a aliviar las consecuencias de la crisis para un grupo o sector específico (de esta manera debilitando y corrompiendo aún más el aparato estatal); 2) con horizontes de tiempo extremadamente cortos, y 3) con la suposición de que todos los demás harán lo mismo. En pocas palabras, queda montada una lucha generalizada por conseguir ventajas de corto plazo. Este dilema de prisionero es exactamente lo opuesto de las condiciones que contribuyen a fortalecer las instituciones democráticas por un lado y a encontrar vías razonablemente efectivas de encarar los problemas nacionales más acuciantes.

4.- Todos los gobiernos quieren conservar un mayoritario apoyo popular y casi siempre los políticos quieren ser reelectos. Sólo si los dilemas recién descriptos pudieran ser resueltos dentro del breve plazo de un mandato presidencial el éxito en las urnas sería un triunfo en lugar de una condena. ¿Cómo ganar una elección y cómo, una vez electo, gobernar en este tipo se situación? La respuesta más obvia (y destructiva en términos de la construcción de la confianza pública necesaria para la consolidación de la democracia) es diciendo una cosa durante la campaña y haciendo lo contrario una vez en el gobierno.

5.- Si consideramos que la lógica de la delegación también significa que el ejecutivo no hace nada para fortalecer al poder judicial, la consiguiente ausencia de instituciones efectivas y autónomas coloca sobre el presidente enorme, si no exclusiva, responsabilidad por la situación del país. Recordemos que el típico presidente de una democracia delegativa ha ganado las elecciones prometiendo salvar al país sin mayores costos para nadie, pero al poco tiempo apuesta el destino de su gobierno a medidas que acarrean grandes costos para muchos sectores de la población. Esto resulta en una gestión gubernamental marcada por momentos de desesperación: el salto de la popularidad a la demonización de su persona y su gobierno puede ser tan súbito como dramático. El resultado es una curiosa mezcla de omnipotencia e impotencia. La omnipotencia comienza con la espectacular sanción de los primeros paquetes y prosigue con la avalancha de decisiones destinadas a complementar esos paquetes e, inevitablemente, corregir sus múltiples consecuencias no deseadas. Esto acentúa las tendencias antiinstitucionales de las democracias delegativas y ratifica tradiciones de fuerte personalización y concentración del poder en el ejecutivo. El otro lado de la moneda es una aguda dificultad para transformar esas decisiones en regulaciones efectivas de la vida social.

6.- Por añadidura, la exclusión de los partidos y el Congreso de esas trascendentales decisiones genera varias consecuencias muy negativas. Primero, cuando el ejecutivo, final e inevitablemente, necesita apoyo legislativo para proseguir sus políticas, suele encontrar un Congreso resentido que no se siente responsable por políticas en cuyo diseño no intervino. Segundo el Congreso se debilita aún más por su reacción hostil y distante frente al ejecutivo, combinada con las públicas condenas del ejecutivo por la "irresponsabilidad" de aquél. Tercero, estas disputas promueven una aguda caída del prestigio de todos (el presidente, el Congreso, los partidos y los políticos en general) como lo muestran abundantemente numerosas encuestas de opinión en muchos países latinoamericanos [...] Finalmente, la debilidad institucional resultante restringe aún más las posibilidades de hallar otra solución mágica cuando fracasan los paquetes: el pacto socioeconómico.

O'Donnell publicó lo que antecede en 1992. Tenía entonces en mente las transiciones democráticas latinoamericanas y de los países del antiguo bloque soviético. Pero parece encajar asombrosomente en el presente, diecisiete años después.