Pactar para el futuro

Cuando en 1977, los españoles hicieron sus Pactos de la Moncloa, la situación en España era en algunos sentidos mejor y en otros peor que la argentina 30 años después.

Mejores eran, seguramente, el nivel y la distribución del ingreso, y también el nivel de pobreza. Posiblemente, también el mercado de trabajo estuviera en mejores condiciones que el argentino, pese a que el desempleo era más alto y que el mercado de trabajo español nunca fue como para andar festejando. Argentina tiene justo ahora una tasa de desempleo relativamente baja, pero una proporción demasiado alta de la población en edad de trabajar que ni siquiera participa y un mercado de trabajo segmentado que deja desprotegida a mucha gente.

Peor era el caso de los balances fiscales y externos y, si hacemos caso a las estadísticas oficiales, la inflación. Estas diferencias, sin embargo, penden de un hilo. El equilibrio de los balances -los alabados, y con razón, superávit gemelos- es bastante frágil y puede en Argentina cambiar de signo en poco tiempo si se mantiene el status quo. Con respecto a la inflación, si las estadísticas oficiales no son ciertas y las estimaciones oficiosas sí lo son, anda más o menos por lo mismo.

El caso es que el proceso de desarrollo económico de España, que comenzó a principios de los sesenta, era el típico proceso de stop and go. Períodos de crecimiento acelerado que hacían crisis por el lado externo y por el lado de la inflación. Una devaluación o dos para mejorar el equilibrio del sector externo y la competitividad, a los que después de un tiempo más o menos prudencial se terminaba comiendo la inflación. Se reconoce esto ¿no?

El modelo se sostenía por tres cosas, la inversión externa, las remesas de los emigrantes españoles a los países centrales de Europa y los ingresos por turismo. Todo se apoyaba en el nivel relativamente bajo de los salarios españoles en relación a la capacitación de su mano de obra y el boom de toda la economía europea en los '60. Con las crisis del petróleo del '73 y el '79 aparecen los problemas, las inversiones extranjeras caen por la crisis y porque las ventajas comparativas españolas ya no son tan pronunciadas, los emigrantes vuelven o dejan de mandar plata, el turismo se enfría. Todo empeorado encima porque en la primera crisis los gobiernos siguieron la política del avestruz y subsidiaron el consumo de petróleo en lugar de sincerar los precios.

¿Resultado? La estanflación del '77. Alta inflación y desempleo. Nada raro por esos años, por otra parte, y un fenómeno que los argentinos conocemos bastante bien, también.

La solución fueron los Pactos de la Moncloa. Los Pactos no solucionaron todo, no, pero a partir de ese momento se instauró en la sociedad española un nuevo sistema de negociación entre los sectores que permitió salir del círculo vicioso de la puja distributiva. Y además de unas políticas monetaria y fiscal responsables, incluía una reforma tributaria que consiguió que los españoles empezaran a pagar impuestos.

El caballito de batalla de la nueva presidente durante la campaña electoral fue el Pacto Social, y reconozco que algo así suena a música en mis oídos. Desde que leí por primera vez sobre los Pactos de la Moncloa hace más de quince años que me vengo diciendo que algo así habría que hacer en Argentina. Pero cuando se leen por aquí y por allá diferentes interpretaciones de lo que se define como Pacto Social a uno se le va el alma a los pies. Que los sindicalistas pidan aumentos del 30% y sin prometer que van a respetar los acuerdos, que los empresarios no estén dispuestos a ceder nada y que el gobierno manipule o esconda la inflación no son las mejores perspectivas para pactar nada.

Un verdadero Pacto Social incluye acuerdos de mediano plazo que se respeten y que estén basados en información confiable, implica que todas las partes están dispuestas a ceder en algo, implica descubrir nuevas dimensiones en las negociaciones que permitan salir del simple enfoque en precios y salarios y, sobre todo, implica encontrar nuevas alternativas que permitan ingresar en el mercado de trabajo formal y con seguridad social a todos los excluidos.

Y además, requiere un Pacto Fiscal, una reforma tributaria en serio que aumente el peso en la recaudación de los impuestos progresivos a los ingresos de las personas, que universalice el pago de impuestos directos, que limpie y ordene el sistema simplificando impuestos y exenciones y que, en general, lo haga más eficiente.

Al Pacto Social hay que darle contenido. Es demasiado importante para que sólo sean palabras útiles en una campaña electoral.